En ese sentido, la relación entre áreas nacionales protegidas y la industria extractiva tiene diversos lazos, entre los cuales encontramos la superposición de lotes, los impactos directos e indirectos de estas actividades como los más importantes.
Una posible solución debe ir más allá de lo legal, teniendo como base respeto y reglas de juego concretas, iniciando un proceso de diálogo transparente entre los diversos actores (Estado, la sociedad civil y empresas), sobre la base de conceptos claros, intereses identificados y un proceso que venza la desconfianza histórica entre los mismos. Es pues necesario romper mitos, aclarar nociones, lograr compromisos de mejores prácticas cimentados en la ética del consenso y de cooperación, tal como señala Suárez de Freitas (2007):
“La sociedad demanda un acuerdo inteligente entre las industrias extractivas y la conservación de la naturaleza, incluyendo las áreas protegidas, para continuar recibiendo los beneficios de ambas. Esto requiere construir confianza, establecer reglas muy claras, con institucionalidad fuerte que asegure cumplimiento de las normas y una gestión ambiental de alta calidad en las actividades extractivas. Por su parte, las ANP deben ser fortalecidas para su manejo técnico, asegurando el cumplimiento de sus objetivos de conservación, de mitigación de la pobreza y, en ese marco, hacer posible la existencia de actividades que no impidan sino que por el contrario contribuyan al logro de estos objetivos”.
Por otro lado, es importante reconocer la historia y las malas experiencias de actividades extractivas y asumir ese pasivo social puesto que los conflictos socioambientales aun se viven por todos los actores y donde las empresas deben asumir su responsabilidad para mejorar el cumplimiento de los altos estándares sociales y ambientales que en la actualidad demanda la actividad.
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